Gobernador de Georgia firma ley contra los indocumentados: las claves para entenderla

El gobernador del estado de Georgia, Brian Kemp, firmó la legislación HB-1105 que entrará en vigor el próximo 1 de julio y tiene como principal objetivo que las autoridades busquen e identifiquen a los inmigrantes ilegales para su posterior deportación, contemplando sanciones para los agentes que no cumplan con el procedimiento establecido.

Luego de la primera presentación del proyecto de ley, que fue apoyado por Kemp, el Comité de Seguridad Pública del Senado de Georgia aprobó el jueves 14 de marzo en primera instancia su promulgación. Posteriormente, la norma fue aprobada por el pleno del Senado con treinta y cuatro votos a favor y diecinueve en contra y, antes de la firma del gobernador, la Cámara de Representantes aprobó su sanción.

Con el objetivo de identificar a los inmigrantes ilegales para luego procesarlos, la ley establece que los departamentos de policía y alguaciles elegibles deberán identificar a los inmigrantes indocumentados y luego detenerlos, junto a nuevos requisitos para los funcionarios penitenciarios que deben verificar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) si existen inmigrantes indocumentados en la región.

La legislación señala además que los oficiales que no verifiquen el estatus migratorio serían culpables de un delito menor, además de incluir el rechazo de fondos estatales para las cárceles y los alguaciles que no cooperen.

Las opiniones acerca de la ley HB-1105

De la noticia de la firma de Kemp sobre la ley HB-1105 se desprendieron distintas opiniones de legisladores republicanos y demócratas. El medio Univision recogió el testimonio del senador John Albers, quien sostuvo que "no hay una buena razón por la cual no deberíamos estar revisando el estatus de alguien si tenemos la sospecha de que están ilegalmente en este país".

No obstante, desde el sector demócrata y la comunidad latina en Estados Unidos no tardaron en llegar las respuestas, condenando contundentemente la sanción de la nueva legislación. La Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos (GLAHR, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en rechazo ante la aprobación en la Cámara de Representantes.