Universidad Nacional: ¿Tensión entre rector y el Mineducación complica la gestión de José Ismael Peña?

Ahora, la controversia radica en que la posesión del rector se hizo de una forma poco convencional. Normalmente, tras la designación del CSU, el ministro de Educación debe firmar el acta de dicha sesión, así como el decreto de nombramiento. Pero la ministra Aurora Vergara se ha negado a firmar dicha acta y a emitir el decreto, argumentando que no se ve reflejado en el documento lo que realmente ocurrió en la mencionada sesión del pasado 21 de marzo.

Lo anterior dejó a la Universidad Nacional en un escenario inédito: Dolly Montoya se fue de la rectoría el 1 de mayo, y sin las respectivas firmas, Peña no podía asumir el cargo conforme a los estatutos de la institución. Pero haciendo uso de una escritura pública, y aludiendo a la Ley 4 de 1913, hizo efectiva su posesión.

Pero la movida no solo es inusual, sino que nunca se había realizado, lo que deja dudas respecto a su legalidad, al punto que la ministra Vergara ya radicó una tutela que busca tumbar el proceso.

Sin embargo, más allá de eso, queda sobre la mesa una cuestión delicada: ¿Qué pasa con la legitimidad de José Ismael Peña como rector? ¿Qué retos implica para su gestión haber iniciado funciones en medio de un paro y en medio de una controversia con el Ministerio de Educación?

En diálogo con EL TIEMPO, Peña señaló: “Yo no soy enemigo del Gobierno ni del Ministerio. Todo lo contrario, la Universidad Nacional tiene una historia institucional de trabajo colaborativo con todos los gobiernos de todos los partidos políticos”.

La ministra Vergara, por su parte, también ha llamado a una salida dialogada a la actual crisis que atraviesa la Universidad Nacional.

Sin embargo, no deja de ser notorio que el Ministerio califique como “ilegal” la posesión en una notaría y que se haya negado a firmar el acta por inconformidades con el contenido de la misma. Tampoco deja de serlo que Peña no esperara la firma de la ministra y que recurriera a una movida legal poco convencional.

“Esto nos muestra desde el inicio un choque entre ambas partes, que puede solucionarse pero que dejará marcas. Esto deja a Peña con una mala imagen frente a un Gobierno que, de por sí, había pujado por la elección de su principal contrincante en el proceso de designación de rector, Leopoldo Múnera”, explica el analista Ricardo Rodríguez.

Y agrega: “Si a esto se le suma que tiene enfrente a un movimiento estudiantil inconforme con su designación, con incluso muchos profesores en su contra, podemos decir que su gestión no será nada sencilla”.

Pese a ello, el experto cree que el rector tiene algunos puntos a su favor: “Por un lado, a pesar de los cuestionamientos de algunos sectores y la forma polémica en que se posesionó, se puede decir que su designación es legítima de acuerdo con los estatutos de la universidad, y así lo han respaldado igualmente grupos importantes de profesores, trabajadores y estudiantes, miembros del CSU e incluso tres de los cuatro aspirantes que compitieron con él por la rectoría”.

Opinión similar es la del analista Francisco Cajiao: “El tema de fondo es la legitimidad, es decir, hasta dónde la elección del rector fue legítima. La misma ministra no pone en duda la legitimidad del rector. Lo que ella dice es que se le muestre a todo el mundo cómo fue el proceso de designación. Ella simplemente está reclamando que el acta vaya con nombres propios y que se diga qué pasó ahí”.

Y agregó: “Lo que es delicado en este caso, a mi manera de ver, es que por la fuerza se trate de desconocer una legitimidad institucional. Ya la legalidad de la figura por la que se posesionó corresponde a las autoridades judiciales”.

De acuerdo con el experto, todo el debate en torno a la Universidad Nacional pone sobre relieve la naturaleza de la autonomía universitaria, principio protegido por la ley y la constitución.

“Por encima de todas las autonomías enmarcadas en la autonomía universitaria, la universidad debe ser autónoma del Gobierno. Y eso parece contradictorio siendo una institución estatal, pero eso es lo que garantiza que en muchas circunstancias las universidades no se conviertan en una herramienta del gobierno de turno, que éste les diga en qué deben pensar, en qué deben investigar y cómo se deben manejar”, aseguró Cajiao.

Y añadió: “En cuanto al devenir de la gestión de Peña, uno esperaría que pese a las diferencias actuales, haya un trabajo armónico. El gobierno tiene que apoyar a las universidades, a la Universidad Nacional, pero no por ser del agrado del gobierno, sino por ser instituciones de la sociedad, estén o no estén de acuerdo con él, lo mismo que tiene que apoyar a la justicia, por ejemplo. Son instituciones estatales, pero autónomas. Aquí se ha entendido que la autonomía es que la policía no puede entrar al campus, y eso no tiene nada que ver”.

Pero el experto es claro en una cosa, y es que no considera que en este caso el Gobierno, en sus reclamos, esté pretendiendo abiertamente coptar la gobernabilidad de la institución: “Para ser justo, la ministra tampoco está reclamando ese poder absoluto. Ella está reclamando una cosa que a mí me parece sensata y legítima, y es que para ella poder firmar el acta, ésta debe tener las características que ella considera necesarias como presidente del CSU”.

De cualquier forma, incluso si las instancias legales respaldan la rectoría de Peña, o si la ministra Vergara firma el decreto, el rector contará con una oposición abierta por parte de quienes promueven el actual paro.

Así se lo confirmó a EL TIEMPO Luisa Bautista, representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Unal: “El acto que realizó Ismael Peña el día de ayer en la notaría sigue siendo una posesión ilegal e ilegítima frente a testigos que siguen estando dentro de su misma élite que está manejando la universidad. En las asambleas triestamentarias realizadas en todo el país se ha manifestado que solo levantaremos el paro si él renuncia a su cargo como rector”.

De acuerdo con la representante estudiantil, esta posición se mantendría incluso con la firma de la ministra, ya que continúan considerando que la designación tiene vicios de legalidad.

Además, los estudiantes sostienen que si la ministra firma el nombramiento, demandarán la decisión, argumentando que el proceso de designación no cumplió al píe de la letra los estatutos de la institución.

Ahora bien, ¿es legal que José Ismael Peña se hubiera posesionado como rector de la Universidad Nacional en una notaría?

Al respecto, existen varias visiones. La primera, es la argumentada por el mismo Peña, quien alude a la Ley 4 de 1913 (que está vigente), según la cual una persona nombrada para un cargo como este está obligado a posesionarse el día en que debe iniciar sus funciones (artículo 247). También establece que ante la negativa de la respectiva autoridad de hacer efectiva la posesión, el funcionario puede hacerlo, incluso ante un notario (artículo 269).

Esta visión es compartida, entre otros, por el profesor de la Facultad de Derecho de la Unal, Humberto Vergara, quien cree que Peña tenía el derecho a posesionarse por esa vía y ejercer sus funciones, porque ya había sido designado y existe un acta administrativa que corrobora esta decisión. Además, en su opinión, no hay motivo para impedir la firma del acta y el respectivo decreto por parte de la Mineducación, lo que habilitaba al rector a ocupar el cargo por la vía notarial.

Sin embargo, hay otras opiniones contrarias. Una de ellas es por el también profesor de la Unal, Rodrigo Uprimny, quien también alude a la Ley 4 de 1913, particularmente el artículo 281, el cual establece que un funcionario no puede dejar su cargo hasta que su reemplazo se posesione. Es decir, asegura que Dolly Montoya debía seguir como rectora de la universidad durante el tiempo que fuera necesario hasta que la ministra firmara la posesión de Peña, por lo que este pudo haber esperado la decisión del Ejecutivo.

Cabe recordar que los estatutos internos de la universidad no establece, en ninguna parte, un procedimiento a seguir en caso de que no se firmara el acta de la sesión en que se designó al rector ni el respectivo decreto de su nombramiento.

Ahora bien, todo parece indicar que ya se abrió un camino para superar la crisis. Y es que cuatro miembros del CSU emitieron una carta en la que dan su visto bieno a publicar, de manera íntegra, el acta de la sesión del 21 de marzo, levantando la reserva de cada intervención.

La carta está firmada por Verónica Botero Fernández, representante del Consejo Académico; Diego A. Torres, representante profesoral; Ignacio Mantilla, representante de los ex rectores; y Humberto Rosanía, ex representante del CESU, quien participó en dicha sesión.

Lo anterior, sumada a la petición de otros tres consejeros (la ministra Aurora Vergara y los dos designados por el presidente Gustavo Petro), le da la mayoría a revelar todas las intervenciones (siete de ocho consejeros), tal como había exigido la jefe de la cartera educativa para firmar el acta.

Solamente no se habría pronunciado al respecto aún la representante de los estudiantes, Sara Jiménez.

De esta forma, si se publican por completo las intervenciones de los consejeros en dicha sesión, y la ministra cumple su palabra de firmar el acta al ver reflejadas completamente sus intervenciones, ya no habría impedimento para que se firme también el decreto que posesiona oficialmente, y con el aval de la presidenta del CSU, a Peña como rector de la Universidad Nacional.
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​MATEO CHACÓN ORDUZ | Redacción Educación